La Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020 ha dispuesto de manera excepcional la suspensión por 30 días hábiles contados desde el 16.03.2020 de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren vigentes, con excepción de aquellos que cuenten con un pronunciamiento de la autoridad pendiente de notificación a los administrados.
En dicho contexto, teniendo en consideración que los “procedimientos administrativos” son definidos -por el Artículo 29 de la Ley N° 27444- como el “conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados”, el plazo de suspensión sería aplicable a los procedimientos de reclamación y de apelación tributarios debido a que si bien con la notificación de los valores ha culminado el “procedimiento de fiscalización”, no puede perderse de vista que aún estaría en curso y pendiente la obtención de un acto administrativo que cause estado y produzca plenos efectos en el marco de la fiscalización efectuada.
Ahora bien, sin perjuicio de lo antes expuesto, para evitar cualquier riesgo de discusión interpretativa distinta por parte de la Administración Tributaria (teniendo presente las serias consecuencias e inconvenientes que ello podría acarrear de declararse la inadmisibilidad de recursos), lo recomendable sería -desde una perspectiva conservadora y práctica- presentar los recursos el primer día hábil de culminado el Estado de Emergencia (de no tenerse tiempo suficiente, podría optarse por presentarse recursos impugnatorios con los argumentos centrales y luego ampliar argumentos mediante escritos ampliatorios posteriores).
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